Universidad y Milei. Análisis de un conflicto evitable
Situación actual
Gobierno y actores institucionales
El presidente Javier Milei gobierna con un plan de ajuste fiscal como eje principal. Las universidades, junto con los docentes, no docentes y estudiantes, están movilizadas. Hay múltiples marchas federales universitarias reclamando mayor presupuesto, previsibilidad, y respuestas a la crisis.
Presupuesto prorrogado y desajuste por inflación
Uno de los problemas estructurales es que desde hace tiempo las universidades están funcionando con presupuestos prorrogados, lo que significa que no hay actualización presupuestaria conforme al gasto real ni a la inflación.
La inflación acumulada entre fines de 2023 y 2025 es muy alta, lo que erosionó el poder adquisitivo de salarios, de fondos operativos, de servicios (agua, luz, gas), insumos, infraestructura.
Ley de Financiamiento Universitario
En agosto de 2025 el Congreso sancionó una ley para financiar mejor a las universidades, con recalibración de partidas, recomposición salarial, previsibilidad.
Sin embargo, el Ejecutivo vetó esa ley.
El vetar leyes es un instrumento que utiliza el Presidente para controlar ajustes fiscales.
Presupuesto 2026 y cifras del financiamiento universitario
El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) ha pedido que el presupuesto universitario para 2026 sea de 7,32 billones de pesos para poder cubrir los requerimientos reales (inflación, funcionamiento, salarios).
El Gobierno presentó para 2026 un presupuesto que destina 4,8 billones de pesos a las universidades. Esa cifra supone un aumento nominal, pero muchos actores la consideran insuficiente, especialmente ante la inflación y la pérdida de capacidad adquisitiva.
Salarios docentes y no docentes
Hay un grave desfasaje entre lo que se otorga como aumento y lo que exige la inflación. Se denuncian salarios que han perdido mucho poder adquisitivo, en algunos casos más de un 80 % de desajuste.
Esto además afecta al funcionamiento normal de las universidades: dificultad para cubrir servicios básicos, cuenta de servicios, infraestructura, materiales de enseñanza, etc.
Apoyo social y opinión pública
Hay un respaldo amplio de la población hacia la universidad pública como motor de igualdad de oportunidades.
Protestas y movilizaciones muestran un malestar significativo con los recortes o con la falta de financiamiento adecuado.
Principales causas del problema
Alta inflación que erosiona los presupuestos fijos, hace que los aumentos salariales queden rezagados y los costos operativos (servicios, materiales, gas, luz) se disparen.
Presupuesto prorrogado: no hay nuevas asignaciones reales que se ajusten automáticamente a las necesidades.
Ajuste fiscal del gobierno central, orientado a disminuir el déficit, lo que conlleva recortes, vetos, limitaciones en los gastos públicos, entre los cuales están educación y universidades.
Disciplina política: tensiones entre Ejecutivo vs Congreso vs actores universitarios. El gobierno ha utilizado veto presidencial pese a leyes aprobadas por el Parlamento.
Falta de previsibilidad: cuando no se sabe qué presupuesto se va a tener, difícil planificar inversiones, carreras, contratos de personal, mantenimiento, investigación, etc.
Puntos de discusión actuales
Estos son algunos de los debates más activos, tanto en lo político como en lo social:
Ley de Financiamiento Universitario:
¿Debe aprobarse e implementarse sin vetos?
¿Qué mecanismo de ajuste automático ante inflación conviene para evitar pérdida de poder adquisitivo o de calidad educativa?
Montos óptimos del presupuesto:
El CIN pide ~ 7,32 billones para 2026; el gobierno propone 4,8 billones. Esa diferencia plantea discusiones sobre qué universidad puede operar con ese presupuesto, cuánto déficit estructural tienen, qué servicios hay que recortar.
Salarios vs presupuesto operativo:
Cómo equilibrar aumento salarial, contratación de personal, mantenimiento, servicios, investigación, infraestructura.
¿Priorizar lo urgente (sueldos) o invertir en mediano plazo para fortalecer capacidad institucional?
Papel del Estado vs austeridad:
Qué rol tiene que tener el Estado en garantizar educación pública de calidad, frente a exigencias de equilibrio fiscal.
Cuánto sacrificio se acepta para reducir déficit, inflación y estabilizar la economía.
Participación del Congreso vs facultad del Ejecutivo:
El Ejecutivo vetó la ley aprobada por el Congreso. Existe debate sobre la legitimidad política (y legal) de vetar leyes que tienen amplio respaldo parlamentario en áreas tan sensibles como educación.
Impacto en la desigualdad y el acceso:
Si las universidades pierden capacidad operativa, aumentan costos ocultos, caen condiciones de estudio, se deterioran los servicios, esto puede afectar más a quienes menos recursos tienen.
La educación superior pública en Argentina es un factor clave de movilidad social; su debilitamiento afecta la equidad.
Vinculación con ciencia e investigación:
Las universidades no sólo enseñan, también investigan. Si los presupuestos no cubren eso, se debilita la producción de conocimiento, la innovación, y se puede agravar la “fuga de cerebros”.
Riesgos
Deterioro institucional de la universidad pública: aulas y laboratorios en mal estado, falta de personal, falta de materiales, problemas de infraestructura.
Pérdida de calidad educativa: al no poder pagar buenos salarios, mantener equipamiento, renovar bibliotecas, internet, etc.
Impacto en estudiantes: mayor abandono, mayores tiempos de finalización de carreras, menor acceso de sectores populares.
Desigualdad creciente: quienes puedan pagar estudios privados (o vivir en ciudades con mejores universidades) tienen ventaja; quienes dependan de la pública pueden verse más perjudicados.
Conflictos sociales: huelgas, protestas, paralización de actividades docentes. Ya ocurren.
Escenarios posibles / Salidas
Algunas posibles vías para resolver o al menos mitigar la crisis:
Crear mecanismos automáticos de ajuste presupuestario ligado a inflación o al índice de precios de costos universitarios.
Asegurar presupuesto nacional específico para universidades con parámetros de previsibilidad. Ley de Financiamiento Universitario que no sea fácilmente vetable o vulnerable al ajuste discrecional.
Reformas internas para mejorar eficiencia, priorizar gastos críticos, coordinar entre universidades para compras conjuntas, optimizar recursos.
Mejor vínculo con actores provinciales (cuando la universidad está bajo esa jurisdicción), cooperación público-privada en ciertos servicios, aunque sin perder el carácter público ni la gratuidad.
Movilización política y social para presionar por políticas educativas estables, consenso político.
Situación política
El gobierno actual ha mostrado firmeza en mantener su línea de ajuste fiscal, como requisito para su plan económico.
Hay una fuerte oposición política institucional: el Congreso aprobó leyes de financiamiento universitario, salud, etc., que el Ejecutivo ha vetoado.
Las protestas sociales, docentes y estudiantiles, tienen visibilidad pública y respaldo ciudadano. Esto genera presión política.
Elecciones legislativas próximas (octubre de 2025) tensionan el escenario: el gobierno busca mostrar flexibilidades en sectores educación, salud, etc., para recuperar apoyo tras derrotas provinciales.
Panorama en Tucumán (UNT)
Contexto nacional que impacta localmente. El Gobierno nacional mantiene el ajuste fiscal y presentó Presupuesto 2026 con promesas de “alivios” pero fuertes críticas del sistema universitario por la brecha de fondos. El veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario encendió movilizaciones en todo el país. El País+2Perfil+2
Movilización hoy en Tucumán. La UNT convoca a la Marcha Federal Universitaria con concentración en el Rectorado y marcha a Plaza Independencia; ADIUNT declaró paro de 24 h.
Gestión “mes a mes”. La Rectoría (Sergio Pagani) viene señalando que, sin presupuesto actualizado, la administración se ajusta mes a mes para sostener funcionamiento y salarios.
Tamaño del sistema UNT. Referencias oficiales recientes: ~17.000 ingresantes previstos en 2025 y un universo total que ronda 70.000+ estudiantes (doc. “Cantidad de estudiantes de la UNT”).
Financiación y números locales
Presupuesto 2025 y adecuaciones. La UNT emitió resoluciones para incorporar incrementos salariales 2025 y para reajustar partidas por funciones (servicios sociales, ciencia y técnica), reflejando la necesidad de mover partidas ante inflación. UNT+1
Recursos propios. Se incorporaron regalías de YMAD al presupuesto 2025, mostrando que los “propios” alivian, pero no reemplazan, el financiamiento nacional.
Brecha nación–universidades. A nivel sistema, el CIN reclama ~7,3 billones para 2026; el proyecto oficial prevé ~4,6–4,8 billones, brecha que explica el conflicto por salarios, servicios e inversión.
Costos y eficiencia en debate. Prensa local discute métricas como inversión por graduado (UNT: $63,36 M según un relevamiento con datos MOE/Secretaría de Educación) y la distribución interna de partidas (debate histórico sobre “macrocefalia” del Rectorado). Útiles para auditorías y benchmarking interno.
Situación política provincial y alineamientos
Señales en Tucumán. Actores políticos provinciales opositores al veto han expresado respaldo a la universidad pública (“sin ciencia y tecnología no hay salida de la pobreza”). Esto sugiere margen para estrategias de apoyo provincial y municipal (becas de transporte, infraestructura, seguridad edilicia).
Políticas de acceso. El Boleto Estudiantil Gratuito para el interior habría impulsado matrícula y egresos desde el interior provincial, una palanca social que se resentiría si el financiamiento nacional no acompaña.
Puntos de discusión (hoy)
Ley de Financiamiento y veto. ¿Cómo reponer un marco de previsibilidad (indexación por inflación/costos universitarios) que evite parálisis anual?
Brecha presupuestaria 2026. Diferencia entre pedido del CIN y proyecto oficial: ¿qué se recorta si no se cierra la brecha (sueldos, servicios, investigación, infraestructura)?
Salarios vs. funcionamiento. Paritarias rezagadas y costos de servicios (luz, gas, conectividad) tensionan el calendario académico.
Recursos propios y transparencia. YMAD, servicios, extensión y convenios: ¿cuánto pueden escalar sin desvirtuar la misión pública? Necesidad de tableros de control.
Impacto social regional. La UNT sostiene movilidad social (70k estudiantes; 17k ingresantes). Recortes afectan más a estudiantes de menores recursos, en especial del interior.
Ciencia e investigación. Riesgo de “parches” que solo cubren sueldos mínimos, dejando laboratorios y proyectos sin insumos. (Lectura convergente con posicionamientos del CIN a nivel país).
Riesgos para Tucumán si no hay solución
Desgranamiento y abandono por costos indirectos y menor oferta de servicios académicos.
Fuga de talentos (docentes/investigadores) y pérdida de capacidades en sectores clave (salud, agro, energía, TIC).
Deterioro edilicio y de servicios en sedes y hospitales escuela, con impacto directo en la comunidad.
Líneas de acción recomendadas (pragmáticas)
A. Incidencia y negociación multiescala
Impulsar un acuerdo político federal para restituir una ley de financiamiento con cláusula de actualización automática (IPC o índice específico de costos universitarios).
Mesa UNT–Provincia–Municipios para blindar políticas de acceso (transporte, becas de conectividad, residencias) mientras dure la emergencia.
B. Gestión financiera y compras
Centralizar compras de energía/servicios e insumos críticos de laboratorio a nivel consorcio NOA para obtener descuentos por volumen.
Activar tablero público de ejecución presupuestaria (ingresos nacionales, YMAD, proyectos, gasto por función) para ganar legitimidad social y sostener campañas de financiamiento.
C. Diversificación responsable de recursos propios
Escalar convenios con sector salud, agro y minería (sin sustituir fondos nacionales) con pricing transparente y trazabilidad (p. ej., % a infraestructura y % a becas).
Fondo de microbecas UNT (alumni + empresas locales) dirigido a estudiantes del interior de bajos recursos, complementando el boleto.
D. Continuidad académica
Priorizar calendarios y prácticas esenciales (salud, ingenierías, formación docente) con planes de contingencia de aulas, turnos extendidos y virtualización selectiva.
Preservar núcleos de investigación estratégicos (salud pública, bioeconomía, energía) con microfondos puente.
E. Comunicación pública basada en datos (Tucumán)
Publicar mensualmente: matrícula, egresos, costo por graduado, ejecución y “retorno social” (prácticas de salud, asistencia técnica al Estado, PyMEs atendidas).
